Javier Maurín 
El Consejo de Ministros aprobó ayer la adquisición por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de hasta un 10% del capital social de Telefónica. Con esto salta a la palestra un asunto muy relevante para la soberanía de España y que algunos llevamos años pidiendo: la participación del Estado en los sectores estratégicos.
Para hablar de este asunto es imprescindible comenzar por retrotraernos a lo que se ha estado haciendo en este campo en las últimas décadas, porque España ha experimentado una transformación económica significativa, y ésta ha estado especialmente marcada por la privatización de importantes empresas estatales que participaban en áreas clave de la economía.
En la década de 1990, precisamente bajo el gobierno del PSOE, se inicia la ola de liberalización de la economía española, tomándose entre otras muchas decisiones la de iniciar la privatización masiva de empresas estatales con la sempiterna excusa de buscar la eficiencia y la competitividad en el mercado privado, ese mantra neoliberal. Este destrozo abarcó prácticamente todos sectores, desde las telecomunicaciones hasta la industria automotriz, pasando por los hidrocarburos, la banca, la energía u otros sectores productivos, dejando una cicatriz histórica en la estructura económica y el sector público del país.
La privatización de Telefónica fue un hito muy relevante en este proceso. En 1991, el gobierno español liderado por el presidente Felipe González decidió privatizar a gigante estatal de las telecomunicaciones, la joya tecnológica de la corona. Se fue preparando el camino, con otras privatizaciones y legislaciones para que, a la llegada del Partido Popular al Gobierno, con José María Aznar a la cabeza, se transformara Telefónica en una sociedad anónima (S.A.) para facilitar su privatización y se lanza una oferta pública de venta (OPV) en la Bolsa de Madrid en 1997, permitiendo a los particulares (individuos y empresas, nacionales y extranjeros) adquirir acciones de la empresa.
Ambos partidos participaron muy activamente en ese proceso de descapitalización estatal y conviene recordar este caso en particular, dada la actualidad, pero no fue ni de lejos el único caso. El Estado tenía una fuerte participación en todos los sectores estratégicos: electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, sector petroquímico, hidrocarburos, minería, banca, industria, etc. La mayoría de las más grandes compañías españolas en la actualidad eran antes propiedad de todos los españoles: Telefónica, Repsol, Argentaria, Endesa, Enagás, SEAT, Aceralia/Ensidesa, Tabacalera, Pegaso, Iberia…
No conviene eximir de culpas a nadie, es imprescindible no olvidar. El proceso de privatización de empresas públicas lo inició el PSOE de Felipe González. Relevantes figuras económicas fueron invitadas educadamente (o no tanto) a abandonar el gobierno, como nuestros queridos Juan Francisco Martín Seco o Luis de Velasco, partidarios de políticas socialistas más duras, para dar paso a perfiles neoliberales como Carlos Solchaga o Miguel Boyer. El Partido Popular de José María Aznar consolidó gustoso los trabajos añadiendo empresas como RENFE y el sector ferroviario o Red Eléctrica de España (REE) entre otras. José Luis Rodríguez Zapatero dio la puntilla con privatizaciones como las de AENA o Loterías y Apuestas del Estado. Rajoy anunció una nueva oleada de privatizaciones, coqueteando con la privatización de empresas como Correos o Puertos del Estado y con desinversiones en IAG, Ebro Foods o REE. Sánchez llega ahora para privatizar Renfe Mercancías y lo que te rondaré.
Todas estas empresas que se han privatizado, en manos del Estado, podrían y pueden suponer una diferencia cualitativa tanto en el modelo productivo español como en su Estado social. Una empresa de telecomunicaciones pública puede ser la vía para proteger los derechos digitales de la ciudadanía y para abrir camino a otros nuevos, como el acceso universal gratuito a internet. Las empresas de la industria automotriz podrían evitar (o haber evitado) la deslocalización de trabajos productivos y los chantajes que bajo esta amenaza se producen. Las empresas de transporte ferroviario y aéreo son el camino para lograr una movilidad barata y sostenible. Las eléctricas, gasísticas y petroquímicas varias son la esperanza para lograr la soberanía energética a un precio asequible y cuidando el medioambiente, al margen de intereses privados y extranjeros.
Este pequeñísimo paso dado estos días es un buen camino, pero tengamos en cuenta que ha sido necesaria la amenaza de control de Telefónica por parte del estado de Arabia Saudí para que salten todas las alarmas, para que el gobierno mueva un dedo. Después de la privatización de cientos de empresas por parte de PSOE y PP, el Estado no compra Telefónica, no arrabata nada al sector privado. Simplemente hace un gesto mínimo, puntual y sólo obligado por la acción de Arabia Saudí. Pero eso no soluciona el problema español de liberalización masiva de sus sectores estratégicos.
El titular debería ser otro:
“El Estado sólo recupera el 10% y sólo de Telefónica”
- El Estado sólo recupera el 10% y sólo de Telefónica - 20/12/2023
