Martín Recalde Carballido 
Contrariamente al pensamiento popular, hay gente de derechas, liberales, socialistas y comunistas que se oponen a los pactos que se están llevando a cabo. Entre los acuerdos se incluye la amnistía, la cesión fiscal, la desacreditación de la justicia, la atribución de la gestión de la seguridad social, la negociación sobre la autodeterminación y la vuelta a privilegios forales vascos a través del “pase foral” que nos retrotraen a tiempos, no solo preconstitucionales, sino incluso anteriores a la ilustración. Estos privilegios permitirían que las leyes emanadas del parlamento y hasta la Constitución pudieran ser vetadas e inaplicadas en una región del Estado.
No solo hay fascistas en las manifestaciones, ni mucho menos en la oposición, y ¡menos mal! Lo que hay es gente harta de la mentira y de que conculquen sus derechos, bajo la falsa promesa de un gobierno social, que ni está por llegar, ni llegará.
El gobierno que surja de estos infames pactos no va a ser social, porque no va a ser capaz de prestar mejores servicios públicos (y está por ver que no los empeoren) a ningún ciudadano. Esto está tan claro como que el Partido, autodenominado socialista obrero y español, lleva mucho tiempo gobernando para unos pocos, utilizando fondos que, contrariamente a la opinión de Carmen Calvo, pertenecen a todos nosotros.
Ser socialistas, en nuestro caso, no es solo enarbolar pancartas con lemas tópicos como pueden ser #salvarlasanidad, #educaciónpública o, más provocativamente, #taxtherich, sino también implica demandar un buena gestión de los fondos públicos.
Condonar una deuda que, en comparación con los presupuestos del Estado, equivale al doble del dinero destinado a la sanidad y educación, seis veces el presupuesto de justicia o carreteras y ocho veces el de cultura, favorecerá a una de las regiones más ricas de España cuya pésima gestión deberemos soportar todos, aunque su déficit proviene de sus gobiernos que han dilapidado sus recursos. Una vez más, esto evidencia que no hay responsabilidad para aquellos que malgastan los impuestos, sobre todo si estos responsables políticos tienen una “i” entre sus dos apellidos.
Debemos defender nuestro sistema público, a los funcionarios y al dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos para financiarlo. Esto solo puede lograrse mediante la defensa de la ley, la Constitución y de las instituciones democráticas. A pesar de la creencia extendida en la izquierda posmoderna, cargada de idealismo pero carente de pragmatismo, «no podemos» (irónicamente) vivir sin Estado. En un sistema democrático, la ley es expresión de la soberanía nacional. Como mencionaba Ángel Pérez hace poco en una conferencia organizada por El Jacobino, la Constitución y las leyes (entre las que mencionó el Estatuto de los Trabajadores), no deben considerarse simplemente derechos formales. Estas deben concebirse como conquistas de los ciudadanos para una sociedad más justa, libre e igualitaria. Sin la ley, todo esto es imposible, y sin respeto a la ley, todos los derechos son papel mojado.
Es lamentable ver que no se ha podido convencer a muchos “socialistas” de carné de que la actuación de los dirigentes del PSOE constituye un ultraje al pensamiento socialista. Sin embargo, está cada vez más claro que a muchos ellos lo que les falta es un ejercicio, no solo de conciencia socialista, sino de conciencia democrática. La asunción de responsabilidad y el ejercicio de la autocrítica está claramente en declive, no solo en las líneas del partido socialista. Por todo esto, es imperativo defender desde fuera del PSOE lo que hace posible la igualdad entre los ciudadanos.
- En contra de lo que la gente cree - 27/11/2023
Enhorabuena por la totalidad de tu primer artículo.
Además refleja a la perfección lo que veo entre mis amigos y conocidos ya jubilados, la mayoría pro-PSOE; si estuviera vivo Javier Krahe seguramente diría… que es partido solamente.
Un cordial saludo.