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reforma constitucional
Considerar la CE un texto sagrado e inamovible resulta tan poco serio como atribuirle ser el origen de todos los males, como se estila en determinado populismo presuntamente impugnatorio del sistema. Y decimos presuntamente porque señalar un marco de derechos y libertades como la Constitución – con muchas insuficiencias internas y, sobre todo, externas, en cuanto a las posibilidades de cumplimiento- como el origen de los problemas de un sistema social y económico injusto y depredador implica, en el mejor de los casos, andar con un despiste colosal.
1. La CE es hija de un tiempo histórico en el que las ideas económicas del capitalismo neoliberal no habían triunfado plenamente. Por eso, el artículo 128 de nuestra Carta Magna abre la puerta a la subordinación de la economía al bien común, la nacionalización de sectores estratégicos o la planificación estratégica de la economía. Diez años después, seguramente, nuestro texto constitucional hubiera estado más cercano a los principios inspiradores de los Tratados de Libre Comercio o aquellos otros europeos, como Maastricht, donde el fundamentalismo de mercado ya era hegemónico.
2. Tratar de abrir, por tanto, un proceso constituyente ahora es simplemente un ejercicio estéril de arrogancia y miopía: ni hay correlación de fuerzas ni garantías mínimas de que una clase trabajadora maltratada por los recortes de décadas en sus derechos sociales no saliera peor parada si, a día de hoy, reescribiéramos la política económica que prevé nuestra CE.
3. Sea como fuere, hay elementos completamente nocivos que cualquier propuesta transformadora de izquierdas debe rechazar: el artículo 135 de la CE que prevé el pago preferente de los intereses de la deuda a cualquier gasto social es incompatible con un verdadero Estado social y refleja solamente una salida dogmática de la crisis del euro dentro del marco neoliberal.
4. Necesitamos reformar la Constitución para conjurar todas las dinámicas del «hecho-diferencialismo» que asolan nuestro país. Lejos de ser un capricho de El Jacobino, el vaciamiento competencial al que ha abocado el título VIII ha debilitado al Estado central y hecho saltar por los aires la igualdad entre españoles. La configuración cantonal de España en que ha devenido el Estado de las Autonomías es un arma letal contra la igualdad de los españoles. Competencias como educación, sanidad, fiscalidad, justicia o seguridad deben ser competencia exclusiva del Estado central. Como se ha visto recientemente en la Comunidad de Madrid, la descentralización competitiva e insolidaria es una vía expedita para facilitar las privatizaciones y el desguace del Estado de Bienestar.
5. Necesitamos impugnar con claridad el reconocimiento de derechos históricos formales y sustantivos para una propuesta republicana en sentido integral: no se trata de folclore republicano en sentido estético, sino de defensa de una comunidad política de ciudadanos igualmente libres y fraternos. No aceptamos la herencia en la jefatura de Estado, pero desde luego tampoco abogamos por una falsa República asentada en la suma de naciones tribales competitivas, de presuntos derechos históricos de territorios forales o de ciudadanos de primera y de segunda. Tanto la referencia a las nacionalidades como a los derechos históricos deben desparecer en el marco de la conformación de un Estado de ciudadanos con iguales derechos políticos, sociales y económicos, sin espacio para ninguna suerte de discriminación, tampoco la del Código Postal.
6. España debe ser un Estado integralmente laico en el que ningún valor religioso ni ninguna relación con congregación religiosa alguna puede erigirse como filtro de los derechos de ciudadanía. Tampoco las presuntas identidades culturales, las lenguas o los orígenes pueden orientarse a conculcar la igualdad de derechos civiles, que hoy carecen de garantías suficientes en el conjunto del territorio político.
7. Deben blindarse, como derechos fundamentales, derechos sociales tales como el acceso a una vivienda pública, el derecho a una pensión pública garantizada y, seguramente otros (como una RBU) así como a un trabajo digno, que hoy carecen del reconocimiento jurídico suficiente en nuestro texto constitucional y que deben ser el esqueleto de un verdadero Estado social donde la libertad de las personas no sea un declamación teórica y falsa, sino la verdadera garantía de todas las condiciones materiales que permiten que las personas no estén sometidas a poder arbitrario alguno.
8. Que la subordinación de la riqueza del país al interés general, la planificación estatal de la economía, la iniciativa pública, la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, la intervención de empresas u otros grandes avances sociales contemplados en el texto constitucional vigente (en artículos como el 128 o el 131), no queden en meras declaraciones de intenciones y se utilicen proactivamente y con total normalidad en el afán de procurar el bien común a los ciudadanos españoles, de proteger aquellos sectores estratégicos de los que depende nuestro futuro y de revertir la despatrimonialización del Estado sufrida especialmente durante estas últimas décadas.
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Faltan puntos muy importantes:
1.- En la CE debe estar escrito que el distrito electoral es único: una persona, un voto. Y al menos un 6% del voto tal en el país es necesario para tener presencia en el congreso. Así se acaban los chantajes de los micropartidos bisagra.
2.- También debe estar escrito que no accederá a la posición de funcionarios quien no hable español. Hay que evitar el rollo-taifa según el cual se piden títulos por hablar en X idioma, pero no se acredita si se sabe hablar en español. Por tanto: los alumnos que se hayan educado en español íntegramente, o al menos un 50% en español , podrán ser funcionarios. El resto tendrá que pasar un examen donde se acredite un C2 mínimo. Examen controlado por el Estado.
3.- La HACIENDA y recaudación debe ser única, e impedir las haciendas forales, que son únicamente velos para ocultar los tejemanejes del partido de turno en el gobierno del territorio foral correspondiente. Si se controla el dinero, se acaban los juegos florales.
4.- Medidas que no solo favorezcan la movilidad geográfica, sino que la alienten y la refuercen. No puede ser el apego al terruño, sobre todo en ciertas autonomías, y por ello la CE debe reforzar esa posibilidad (no podemos bajar a niveles inferiores, o se calzan la ley)
5.- Separación de los poderes forzada en la cE para evitar compadreos de los partidos mayoritarios.
6.- Transparencia: nombres de afiliados a partidos políticos siempre públicos. Restricciones a contratos públicos de allegados. Cero puertas giratorias. Financiación controlada.
Suerte. Espero que no sea una iniciativa fake o manipulada.
Respondiendo a Observador.
Sobre el distrito electoral único, es decir, las circunscripciones, habría que estudiar muchas cuestiones. Entre otras, el carácter territorial de los escaños del Congreso, siendo que la representación territorial se le supone al Senado, órgano que actualmente, sin embargo, no cumple verdaderamente sus funciones. Los escaños, tanto del Congreso como del Senado, en la práctica, son propiedad de los partidos.
Por otra parte, a menos circunscripciones, y mayor número de cargos electos, mayor proporcionalidad en el reparto de escaños. La circunscripción provincial, al menos, sería razonable suprimirla, de tal modo que la autonómica podría establecerse más adecuada, de modo que el sistema de administración electoral estatal sea coincidente con el autonómico, por simple motivo logístico-administrativo.
Sobre lo de ser funcionario sin saber español, sinceramente dudo que alguien sin un conocimiento mínimo de español pueda aprobar no ya una oposición, sino un simple examen de graduado de la ESO.
El apego al terruño no es un simple capricho, pues en el terruño va incluida una infancia, vida, amistades, familia, etc. El fomento de la movilidad geográfica genera inercias migratorias y poblacionales más bien liberales, así como concentración del trabajo en megaurbes y abandono de las pequeñas poblaciones. Esto debe invertirse, por cuanto es más sostenible y lógico en cuanto a desplazamiento, vivienda, y condiciones materiales. La fijación de población es importante para consolidar las economías locales, y la mejora de calidad de vida.
Los datos de afiliación política, al igual que los de afiliación religiosa y similares, son datos protegidos especialmente, por motivos evidentes. Lo contrario permite la persecución y/o la represalia en función de ideología o credo. Créeme, si eres rojuno, lo último que te interesa, laboral o socialmente, es que dicha condición se airee, en esta sociedad ultraliberal. Te lo dice un rojuno con clientes derechosos.
Os he conocido hace poco y me alivia muchísimo ver una organización de tipo político con la que coincido tanto. A mi alrededor hay tanto » izquierdista» identitario y posmoderno que casi había perdido la esperanza y empezaba a considerarme una rara avis o un traidor a mi causa. Así que mil gracias, amigos.
Pero vivo en el país que vivo, esto no es Francia, nos guste o no somos históricamente una nación cosida de naciones… y de una forma más justificada o extemporánea los nacionalismos han hecho fortuna en muy buena parte de las poblaciones vasca y catalana. Qué proponéis para el punto 4 que pueda funcionar con pragmatismo al tiempo que con honestidad con los ideales no nacionalistas? Sé que hay que perder el miedo a la amenaza nacionalista de saltarse la legalidad, pero qué hacer para no incendiar el país y provocar tal vez un mal mayor al que se quiere conjurar?
De verdad es realista pensar que se puede acabar con el derecho foral navarro por ejemplo (y eso que la conflictividad en esa comunidad ni se acerca a la vasca o catalana)? Me encantaría vivir en una república laica de ciudadanos iguales, y me encanta que ésa sea la vela ideológica de vuestro barco, pero cómo navegar por estos mares con el navío sólido de una praxis política sólida y pragmática? Ambas cosas son igualmente importantes.
Me gustan los planteamientos que hacéis. Ahora bien, igual procede empezar por cosas más concretas, como por ejemplo introducir medidas efectivas en el Código Penal. suprimir la remisión condicional, de la pena, indultos y amnistías en casos de corrupción (malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas de funcionarios y políticos, prevaricación, delitos contra la constitución…); establecer inhabilitaciones de al menos 20 años para los políticos condenados, prohibir con penas privativas de libertad superiores a 5 años los referéndum separatistas, Introducir el delito de enriquecimiento ilícito, de forma que los corruptos vayan a prisión por este delito o por el delito fiscal subsidiario cuando sin pagar impuestos acrediten que el dinero acumulado tiene origen lícito. Obligar a los partidos que establezcan en sus programa de obligado cumplimiento aquello que NO van a hacer.