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crisis contitucional
– La problemática en la Justicia española en general y, aún no formando parte del Poder Judicial, también del Tribunal Constitucional, que están trasladando a la sociedad los medios de comunicación estos días, no es ninguna novedad. Diferentes órganos fundamentales del Poder Judicial y el máximo garante del control constitucional se han convertido en el campo de batalla de los partidos políticos, lo que resulta totalmente inadmisible. Desde que gobierna el PSOE y UP, estos órganos vienen sufriendo el bloqueo sistemático en la renovación de sus miembros por parte del Partido Popular. Las recientes noticias sobre el bloqueo de la renovación o las votaciones de los propios magistrados cuyo mandato debe ser renovado sobre su propia recusación ahondan en la degradación de las instituciones.
– El núcleo del problema se deriva de que la lucha por el reparto de cuotas políticas en dichos órganos ha demostrado ser totalmente inoperativo además de un escándalo antidemocrático, que ahora alcanza su punto culminante. No existe credibilidad ninguna acerca de la vindicación de independencia en el poder judicial por parte de las formaciones políticas principales de la política española.
– Por otro lado, ni la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ni las reformas para facilitar el método de elección de los miembros del CGPJ, así como de los magistrados del TC, que persiguen garantizar sin ningún escrúpulo el control sobre los mismos de la mayoría parlamentaria de turno, son ninguna buena noticia para un Estado de derecho que ya ha sido sobradamente degradado con anterioridad a los acontecimientos de estos días. La credibilidad de los partidos políticos que han ostentado responsabilidades de gobierno es nula por cuanto todos ellos han participado del reparto de cuotas partidistas sin el menor reparo.
– Resulta urgente encontrar cuanto antes fórmulas alternativas al método actual de elección de los citados órganos. La elección de los órganos de gobierno del poder judicial y del Tribunal Constitucional (que, sin formar parte de aquel, es el máximo garante de la constitucionalidad) no puede estar cooptada por los partidos políticos, pero las soluciones no pueden devenir tampoco en la creación de tendencias completamente endogámicas y corporativistas en la que los jueces y magistrados se elijan exclusivamente entre ellos.
– Garantizar la separación de poderes obliga a pensar en fórmulas mixtas de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional: entre candidatos que cumplan los requisitos de preparación y experiencia, incluso preseleccionados tanto por los operadores jurídicos como por las cámaras legislativas, habría que arbitrar un sistema de sorteo que evitase la cooptación política del poder judicial, así como la endogamia de éste y el control del mismo por asociaciones profesionales que, sin representar más que a la mitad de los jueces y magistrados, puedan reproducir dinámicas corporativistas así como perpetuar la artificiosa y espuria división entre «progresistas y conservadores».
– Las referencias a un Golpe de estado o a un gobierno tiránico son de nuevo manifestaciones que inundan la política española de demagogia y degradan aún más un debate público enfangado. Advertimos una gran hipocresía sobre esta materia, que lleva siendo un problema enconado durante décadas, sin que los grandes partidos políticos y sus acólitos nacionalistas, para los que ahora se legisla de forma privilegiada e inaceptable, hayan tenido nunca ninguna voluntad real de solucionarlo.
– Mientras que el Estado de Derecho se retuerce por todos los flancos, la degradación social y económica que afecta directamente a millones de españoles sigue sin atajarse. Es precisamente la economía el ámbito de la sociedad que debería «politizarse», someterse al control democrático: esa sería la propuesta que debería asumir un gobierno realmente de izquierdas y comprometido con la transformación social.
El Jacobino. ‘Think tank’ de izquierda centralista en España.
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De acuerdo, pero cuál sería la fórmula. La Constitución es clara cuando dice que los poderes públicos son elegidos democráticamente y que la soberanía nacional reside en el Parlamento (único poder elegido directamente por los ciudadanos). Si la elección del CGPJ es un mercadeo inaceptable es porque nuestros partidos han perdido el norte hace mucho tiempo, pero la fórmula (mixta como decís) pasa por el Parlamento y por tanto por la mayoría elegida por el pueblo. No es ninguna indignidad. Es democracia. Es política.
Independencia de poderes quiere decir que el Ejecutivo no se mete en las deliberaciones del CGPJ , ni estos en el Consejo de ministros de los martes, pero todos los poderes públicos están inevitablemente conectados por una corriente que se llama voluntad popular…o soberanía.